El Ayuntamiento de Linares no sale bien parado en el último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas del Estado publicado el pasado 22 de diciembre y al que ha tenido acceso este periódico. Esta institución advierte que el Consistorio linarense ha incumplido de manera reiterada su obligación de facilitar información sobre el control interno que han de ejercer los órganos de intervención de la Administración local. En concreto, durante los ejercicios de 2019, 2020, 2021 y 2022.
En este punto, señala que Linares es uno de los tres municipios de España mayores de 50.000 habitantes que incumple su responsabilidad de control interno junto con otros dos andaluces, El Ejido y El Rincón de la Victoria.
El citado informe también critica al Ayuntamiento linarense por otras cuestiones. Por ejemplo, tampoco ha presentado la relación de contratos cerrados durante 2022, ni ha rendido cuentas del mismo ejercicio en el plazo establecido por la normativa.
También han sido advertidos el Ayuntamiento de Jaén y la Diputación Provincial, que es una de las quince administraciones supramunicipales que no cumplió con su obligación de remitir al mismo organismo su relación anual de los convenios formalizados de 2022, algo que, al igual que en los casos anteriores, tenía que haber hecho, como muy tarde, en febrero del año pasado.
Pocos cumplen
Lo cierto es que solo el 12% de las entidades locales atendieron en plazo sus obligaciones anuales ante el Tribunal de Cuentas. Además, los datos reflejan que solo el 45% rindió la cuenta general en el plazo establecido en la Ley de Haciendas Locales que es el 15 de octubre y señala que seis ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes y 20 de más de 20.000 habitantes no han rendido las cuentas de los tres últimos ejercicios.
El informe también recoge que solo el 48% de las entidades remitió en el mes de febrero de 2023 la relación anual de contratos del ejercicio anterior y que solo el 35% remitió la de convenios.
El Tribunal de Cuentas reitera diversas recomendaciones entre las que destaca la conveniencia de regular que las entidades locales no puedan ser beneficiarias de ayudas o subvenciones públicas si no están al corriente de la rendición de sus cuentas generales.
Corruptos