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Juan Fernández se querella contra la juez que instruyó su causa por presunta prevaricación

Asegura que se sienta en el banquillo por un juicio que está "preparado" y "fabricado" sobre la base de una serie de "falsedades y mentiras"

Por:Javier Esturillo
Juan Fernández, durante la rueda de prensa ofrecida este martes.

Juan Fernández está llamado a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Jaén el próximo 7 de marzo. Será un tribunal con jurado el encargado de juzgarlo como presunto autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos por el que el Ministerio Fiscal le pide una pena de prisión de cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación absoluta.

Sin embargo, el exsecretario general del PSOE y actual líder de Linares Primero, acudirá a la sala por un juicio que, en su opinión, está «preparado» y «fabricado» sobre la base de una serie de «falsedades y mentiras». Por este motivo, ha decidido presentar una querella ante el Tribunal Supremo contra la juez instructora de la causa que responde en parte a la querella interpuesta en octubre de 2018 por el PSOE contra él y Juan Sánchez, exsecretario de Organización de la Agrupación linarense, por presuntos delitos de malversación, apropiación indebida, administración desleal y estafa.

Juan Fernández asegura que todo forma parte de una «confabulación» contra su persona y acusa conjuntamente al PSOE y a la juez. A la magistrada, que desempeña su labor en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), le acusa un presunto delito de prevaricación, mientras que a su antiguo partido, de urdir una «conjura política».

«No tengo pruebas de que el PSOE influyera en la juez, ahora bien, de la actuación judicial de dicha juez sí tengo prueba evidente», ha argumentado ante los medios de comunicación para remarcar, acto seguido, que su objetivo es que la magistrada, a la que considera «instruccionada», «se someta a la ley» y responda a la acusación de prevaricación.

Entre otras cuestiones, el exalcalde acusa a la juez de haber dictado tres autos en el proceso, uno de ellos, de 6 de mayo de 2019, «para machacarme y mandarme al tribunal con jurado» y hacerlo basándose en «testimonios falsos» y «mentiras».

«No tengo las pruebas para saber por qué la juez actúa así», ha apuntado el portavoz municipal de Linares Primero, al tiempo que se ha mostrado convencido de que sus palabras conllevarán una demanda de la magistrada contra su persona. «Si estoy cavando mi fosa, me la cavo, pero no me voy a callar», ha sentenciado un seguro Juan Fernández.

En este punto, ha señalado que la juez tenía el auto «preconcebido y prescrito». Asimismo, denuncia la falta de neutralidad de la magistrada y a la que acusa de actuar de forma parcial por «favorecer a una parte» y «humillar» a la otra.

«No me voy a parar ni me va a parar nadie, porque con el honor de las personas no se juega y con el mío no se juega», ha insistido el exregidor, antes de añadir: «Esta señora ha hecho lo que ha hecho y no es justo por mucha toga que tenga puesta y por mucho que domine una sala y mande callar y no te deje hablar y no te deje expresarte y te amedrente en una abuso de autoridad y de poder que no tiene ningún tipo de justificación en estos tiempos», ha lamentado.

El exdirigente socialista ha reconocido, del mismo modo, que durante todo este proceso se le ha hecho «mucho daño», pero ha insistido en que no le van a «amedrentar» porque «hay una serie de cuestiones que demuestran la prevaricación judicial que he sufrido», hasta el punto de definir el juicio del próximo 7 de marzo como «una trampa» y «una confabulación de la propia juez que ha manipulado todo esto».

La investigación interna de este caso ya propició en agosto de 2018 la expulsión del PSOE tanto de Fernández como de Sánchez.

Entre las personas que están llamadas a declarar como testigos se encuentra el que fuera secretario general del PSOE de Linares, Daniel Campos, y a los exconcejales socialistas Pilar Parra y Luis Moya.

El PSOE, que ejerce la acusación en la causa, solicita que se le imponga al exalcalde de Linares un total de ocho años de prisión y otros diez de inhabilitación absoluta. Por su parte, el Ayuntamiento de Linares ha desistido de ejercer su acusación.

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