La ola de apoyo ciudadano a Rubén Fernández no deja de crecer. Apenas once días después de ponerse en marcha, la campaña de recogida de firmas impulsada por su familia en la plataforma Change.org está a punto de alcanzar las 1.300 adhesiones, un respaldo que sus promotores interpretan como una muestra de solidaridad hacia una situación que, insisten, trasciende un caso particular para abrir un debate sobre el sistema de protección de menores y el peso que deben tener los vínculos afectivos en este tipo de procedimientos.
La iniciativa nació de la mano de su hermana, Irene Fernández, junto a familiares y amigos, después de que el pasado 18 de mayo los dos menores que convivían con Rubén en régimen de acogimiento familiar fueran retirados por decisión de la Administración en una intervención en la que participaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Desde entonces, la familia asegura no haber vuelto a tener noticias sobre el estado de los niños, una circunstancia que ha motivado el llamamiento a la ciudadanía. En el texto que acompaña la campaña, los impulsores explican que durante casi dos años no vieron únicamente a un hombre cuidar de dos menores, sino «nacer una familia».
«Vimos cómo aquellos niños encontraban estabilidad, cariño y la tranquilidad de sentirse en casa. Aprendían a confiar, a reír, a celebrar cumpleaños y a construir una vida rodeados de personas que los querían profundamente», recoge el manifiesto publicado en la plataforma de recogida de firmas.
Los promotores recuerdan también que alrededor de esos menores se creó una red afectiva formada por abuelos, tíos, primos, amigos, profesores, vecinos y compañeros que compartieron su crecimiento. «Durante casi dos años dejaron de ser unos niños acogidos; para todos nosotros, simplemente, eran parte de nuestra familia», afirman.
Procedimiento
Mientras la campaña continúa sumando apoyos, el caso sigue su recorrido en los tribunales, donde se analiza la legalidad del procedimiento que concluyó con el cese del acogimiento y la retirada de los menores.
Rubén Fernández, trabajador del Centro de Educación Infantil inCrescendo, en la calle Viriato de Linares, ejerció durante ese tiempo como familia acogedora de los dos niños tutelados por la Junta de Andalucía. Cuando se abrió la posibilidad legal de solicitar su adopción, presentó la correspondiente solicitud y fue sometido al procedimiento de valoración de idoneidad previsto por la normativa.
Esa evaluación concluyó con una resolución desfavorable que el acogedor considera sustentada en un informe «profundamente sesgado», motivo por el que decidió recurrirla ante la Justicia. Poco después, el Servicio de Protección de Menores acordó el cese del acogimiento.
Fernández sostiene que la retirada de los menores se produjo mientras mostraba su oposición a esa resolución administrativa y recuerda que todo el procedimiento permanece bajo supervisión judicial. Por ese motivo evita hacer públicas cuestiones relacionadas con el contenido del expediente o con la situación concreta de los niños.
Un debate más allá del caso particular
Lejos de centrar el foco únicamente en su situación personal, Rubén Fernández asegura que su objetivo es promover una reflexión sobre la dimensión humana que acompaña a los procedimientos de protección de menores.
En un comunicado remitido a los medios, sostiene que detrás de cada expediente «existen niños, familias y vínculos afectivos que no siempre encuentran reflejo en los documentos administrativos» y defiende que las decisiones adoptadas en este ámbito tienen «una enorme trascendencia humana».
También afirma que mantiene plena confianza en la Justicia y será el proceso judicial el que determine si la actuación administrativa se ajustó a derecho y cuál es la resolución que mejor responde al interés superior de los menores.
Mientras tanto, la familia insiste en preservar la intimidad de los niños y evitar cualquier interferencia en el procedimiento. Su petición, subrayan, no pasa por alimentar un juicio paralelo, sino por reclamar que las decisiones sobre protección de menores tengan siempre presentes «los vínculos afectivos, la estabilidad de los niños y la dimensión humana que existe detrás de cada expediente».
El respaldo cosechado en apenas once días, con una campaña que ya roza las 1.300 firmas, refleja que ese mensaje está encontrando eco entre numerosos ciudadanos que han decidido apoyar públicamente la iniciativa mientras esperan que sea la Justicia la que resuelva definitivamente el caso.
Puede leer la petición y firmarla en el siguiente enlace: https://c.org/DLg9W7yMjS
