La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado una decena de deficiencias en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Linares, según el informe de fiscalización cuya resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado 22 de julio.
Aunque la ciudad figura entre los diez únicos municipios andaluces de más de 50.000 habitantes que ya habían establecido esta medida a 31 de marzo de 2025, el órgano fiscalizador concluye que el proceso presenta importantes carencias en materia de planificación, transparencia, seguimiento y participación ciudadana.
El informe sitúa a Linares entre los municipios que sí lograron implantar su Zona de Bajas Emisiones, aunque lo hizo con un importante retraso respecto al calendario fijado por la legislación estatal. La Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, obligaba a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a disponer de una ZBE antes del 1 de enero de 2023.
Sin embargo, la ordenanza reguladora de Linares no entró en vigor hasta el 26 de noviembre de 2024 y la zona comenzó a funcionar el 27 de diciembre de ese mismo año, un año y once meses después del plazo legal. De los treinta municipios andaluces obligados, únicamente Sevilla cumplió con la fecha prevista.
Incumplimientos
Uno de los primeros incumplimientos señalados por la Cámara de Cuentas es la falta de publicación del proyecto técnico de la ZBE. El organismo considera que esta omisión incumple el artículo 13.e de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, que obliga a hacer públicos este tipo de documentos.
La fiscalización reconoce que el proyecto de Linares fija objetivos cuantificables para mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones contaminantes, disminuir el ruido y favorecer una movilidad más sostenible. Sin embargo, advierte de que esos objetivos carecen, en la práctica totalidad de los casos, de un calendario concreto de ejecución, lo que impide comprobar si las metas previstas se están alcanzando dentro de los plazos establecidos.
El informe también pone de manifiesto que antes de implantar la Zona de Bajas Emisiones no se realizaron estudios sobre mapas de ruido, no existía un acuerdo institucional sobre calidad del aire ni se llevó a cabo una evaluación previa del impacto ambiental de la medida, tres carencias que comparte con otros municipios andaluces incluidos en la fiscalización.
Otra de las observaciones afecta al contenido del proyecto técnico exigido por el Real Decreto 1052/2022. La Cámara de Cuentas considera que la memoria económica sobre el impacto presupuestario de la ZBE presenta únicamente «un epígrafe con reducida información». La misma valoración realiza sobre el análisis de las consecuencias para la competencia y el mercado local, el estudio de impacto social, de género y discapacidad y la evaluación de los efectos que la medida puede tener sobre los colectivos más vulnerables.
Comunicación, paricipación y sensibilización ciudadana
El órgano fiscalizador también cuestiona la ausencia de un plan de comunicación, participación y sensibilización ciudadana. Linares y Estepona son los únicos municipios fiscalizados que no aprobaron este documento, pese a tratarse de un requisito contemplado en la normativa. Además, ambos ayuntamientos tampoco constituyeron las mesas de movilidad recomendadas por la Dirección General de Tráfico, en las que deberían participar representantes de los sectores afectados y expertos en salud pública.
Uno de los aspectos más llamativos del informe es que el Ayuntamiento de Linares manifestó desconocer si antes de la implantación de la ZBE se superaban los valores límite de contaminación atmosférica fijados por la normativa vigente. Esta circunstancia, compartida con Torremolinos, Alcalá de Guadaíra y Sevilla, impide verificar con rigor si la puesta en marcha de la zona restringida está produciendo una mejora real en la calidad del aire.
En el apartado económico, la Cámara de Cuentas cifra en 2.305.131 euros la contratación externa realizada por el Ayuntamiento para desarrollar la Zona de Bajas Emisiones. Paralelamente, el Consistorio recibió una subvención de 2.191.809 euros, financiada principalmente con fondos europeos y programas estatales destinados a impulsar la movilidad sostenible.
No obstante, la fiscalización también recoge un dato positivo. Linares aparece, junto con Almería y Málaga, entre los pocos municipios andaluces en los que se ha registrado un aumento en la compra de vehículos eléctricos e híbridos desde la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.
Presentación de alegaciones
Durante la elaboración del informe definitivo, el Ayuntamiento presentó diecisiete alegaciones al documento provisional. La Cámara de Cuentas únicamente aceptó una de ellas y estimó parcialmente otras tres, mientras que las trece restantes fueron rechazadas al considerar que no aportaban documentación o justificación suficiente para modificar las conclusiones iniciales.
El caso de Linares se enmarca en un escenario de incumplimiento generalizado en Andalucía. A 31 de marzo de 2025, veinte de los treinta municipios obligados por la legislación, entre ellos Jaén capital, todavía no habían implantado su Zona de Bajas Emisiones.
Ante esta situación, la Cámara de Cuentas recomienda a los ayuntamientos reforzar los sistemas de seguimiento de contaminantes, establecer calendarios verificables para cumplir los objetivos ambientales y cuantificar de forma más precisa el coste real de implantación y mantenimiento de estas zonas.
Más información de la resolución en la web de la Cámara de Cuentas de Andalucía en el siguiente enlace: https://www.ccuentas.es/corporaciones-locales y en el siguiente PDF del BOJA de 22 de julio de 2026:
