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Juan Fernández es condenado a cuatro años de prisión por malversar fondos públicos

La sentencia considera probado que como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Linares, al margen de su sueldo como alcalde, "se apropió, sin estar autorizado y sin conocimiento ni consentimiento del Grupo Socialista, y para su propio beneficio, de una cantidad mensual de 1.700 euros"

Por:Redacción
Juan Fernández escucha el veredicto del jurado. Foto: Hora Jaén

La Audiencia de Jaén ha condenado a cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos al exalcalde de Linares Juan Fernández, según el fallo de la sentencia a la que ha accedido Europa Press. La condena se produce después de que el jurado que le ha juzgado lo declarara culpable por mayoría el pasado 10 de marzo.

Además, el fallo establece la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y le impone el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

Tal como lo determinó el jurado en su veredicto, la sentencia considera probado que Juan Fernández como portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Linares, entre julio de 2022 y noviembre de 2017, al margen de su sueldo como alcalde, «se apropió, sin estar legalmente autorizado y sin conocimiento ni consentimiento del Grupo socialista, y para su propio beneficio de una cantidad mensual de 1.700 euros».

Lo hizo, recibiendo el dinero en metálico «mediante la emisión de cheques bancarios al portador» y con cargo a dos cuentas del Grupo Municipal Socialista que «se nutrían exclusivamente de la dotación económica recibida del Ayuntamiento» y que por ley «no podía destinarse al pago de remuneraciones de personal».

La sentencia establece que el dinero que recibió Fernández durante siete años consecutivos ha supuesto un «perjuicio económico» para el Ayuntamiento de Linares valorado en la suma de 125.377 euros, cantidad que deberá devolver al Consistorio en concepto de responsabilidad civil.

Una vez oído el veredicto, Fiscalía reclamó que se le impusieran cuatro años de cárcel y diez años de inhabilitación absoluta, mientras que la petición del PSOE se elevó a ocho años de prisión y diez de inhabilitación absoluta.

Por su parte, la defensa pidió que se le aplicara la pena mínima y que se tuvieran en cuentan como atenuantes la confesión, la declaración parcial del dinero y las dilaciones indebidas en el proceso. El jurado también se pronunció -cinco votos a favor y cuatro en contra- de proponer al Gobierno el indulto parcial de la pena y así queda recogido en la sentencia.

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